La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) hizo un llamado al Senado de la República en México para que se garantice un proceso legislativo equilibrado en la discusión y eventual aprobación de la nueva ley de telecom.
El organismo empresarial destacó la importancia de que las observaciones del sector privado, presentadas en los conversatorios organizados por el Senado y el Ejecutivo federal, sean consideradas de manera efectiva en el dictamen final.
CANIETI reconoció la apertura institucional al diálogo, particularmente por parte de la Presidencia de la República y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sin embargo, subrayó que aún existen temas de fondo que deben atenderse para asegurar que la nueva ley no altere los principios constitucionales ni los estándares de competencia económica vigentes en México.
Concesiones comerciales del Estado: una alerta del sector
Uno de los principales puntos de preocupación para la industria es la posibilidad de que el Ejecutivo federal obtenga concesiones comerciales para prestar servicios de telecomunicaciones a usuarios finales. Para CANIETI, esta figura implicaría un cambio sustancial en el modelo regulatorio mexicano, pues el uso de recursos públicos para competir directamente en el mercado minorista —sin condiciones equivalentes a las de los operadores privados— distorsionaría el régimen de competencia.
El marco legal vigente establece que las concesiones con fines comerciales asignadas al Estado deben ser operadas exclusivamente bajo un modelo mayorista, como ocurre con la Red Compartida. Este esquema fue diseñado en la reforma constitucional de 2013 con el objetivo de habilitar infraestructura que, posteriormente, pudiera ser utilizada por operadores privados para ofrecer servicios en zonas no rentables comercialmente, Esto, sin que el gobierno compitiera con ellos en condiciones desiguales.
CANIETI advirtió que permitir que el gobierno brinde servicios directamente al usuario final, bajo el mismo modelo de Red Compartida, implicaría una ruptura con ese principio, otorgando al Estado ventajas regulatorias, acceso a espectro sin licitación, condiciones preferenciales en costos y uso de presupuesto público para fines comerciales, algo que contraviene tratados internacionales firmados por México, como el T-MEC.
Riesgos para la inversión, la red compartida y el ecosistema digital
La cámara empresarial alertó que una participación activa del gobierno como proveedor minorista, en lugar de como habilitador de conectividad, modificaría la naturaleza misma de la red compartida, creada como una figura neutral.
Si se transforma en un competidor directo, perdería credibilidad como plataforma mayorista abierta, afectando el desarrollo de más y mejores servicios en el país, y poniendo en riesgo los incentivos para ampliar cobertura.
Además, se advierte que la explotación comercial de espectro radioeléctrico sin una licitación pública transparente va en contra de estándares internacionales, y podría impedir que México brinde condiciones equitativas a los inversionistas del sector. De permitirse, operadores mayoristas estatales podrían acceder a recursos estratégicos como espectro y subsidios sin los costos que enfrentan los privados, lo que no solo inhibiría nuevas inversiones, sino que podría provocar incertidumbre en el sector y frenar el despliegue de infraestructura.
En un país donde la cobertura en zonas rurales aún representa un reto, CANIETI reiteró que el papel del Estado debe seguir centrado en impulsar la conectividad mediante esquemas no lucrativos. Puso como ejemplo de algunas acciones el realizar intervenciones focalizadas en regiones de difícil acceso, sin invadir segmentos donde ya existen actores comerciales que compiten bajo reglas claras.
La cámara insistió en que la nueva ley debe ajustarse a los principios establecidos en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México. Detalló que no debe ser solo en materia de inversión y competencia, sino también en términos de derechos digitales. Según la organización, cualquier acción que otorgue ventajas indebidas al Estado como prestador comercial podría vulnerar el derecho de los ciudadanos a una oferta plural de servicios, así como comprometer la equidad en el ecosistema digital.
Asimismo, CANIETI reiteró su compromiso permanente con el desarrollo de un marco jurídico moderno, que fomente la innovación, el cierre de la brecha digital y la inversión privada en el sector. Reafirmó que la industria organizada está dispuesta a seguir colaborando en el proceso legislativo, siempre y cuando se mantenga un terreno de juego parejo para todos los actores, sin excepciones ni privilegios regulatorios.
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