La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presentó su edición 2024 del Rastreador Regulatorio de las TIC, una herramienta comparativa que evalúa la madurez de la regulación TIC (telecomunicaciones) y su capacidad para responder a desafíos tecnológicos, económicos y sociales.
A nivel mundial, Italia encabeza el ranking con un puntaje perfecto de 100, seguida por Lituania (99.5) e Irlanda (99). Estos países han implementado marcos regulatorios de cuarta generación (G4), que se caracterizan por ser autónomos, adaptables y alineados con estrategias digitales nacionales, lo que ha permitido acelerar el despliegue de infraestructura, promover competencia y facilitar la innovación en servicios digitales.
En América Latina, aunque ningún país alcanza el top 3 global, algunos muestran avances importantes que los posicionan como referentes regionales. A continuación, se presenta el análisis país por país:
República Dominicana
Con 97 puntos, República Dominicana se posiciona como el país mejor calificado de Latinoamérica. La autoridad regulatoria dominicana cuenta con autonomía técnica y financiera, realiza consultas públicas sistemáticas, regula tarifas, licenciamiento y espectro, y aplica mecanismos de servicio universal. Estas son condiciones estructurales clave del modelo G4, según la UIT.
En conectividad, el país reporta más de 9,8 millones de accesos de banda ancha móvil. Este desempeño responde a una política de largo plazo que ha priorizado el acceso asequible a servicios móviles, la alfabetización digital y la cooperación público-privada para el despliegue de infraestructura.
Brasil
Brasil, con 96 puntos, también opera bajo un esquema G4. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) ha implementado mecanismos de regulación asimétrica, subastas de espectro condicionadas a cobertura y regulación de calidad de servicio móvil.
El país cuenta con más de 210 millones de líneas móviles activas, de las cuales cerca de 178 millones corresponden a accesos de banda ancha móvil. La cobertura de 5G ya alcanza las 27 capitales estatales, y la integración de políticas regulatorias con metas de inclusión digital ha sido ejemplar en Latinoamérica.
Uruguay y Chile
Con 92 y 91 puntos, respectivamente, Uruguay y Chile operan bajo marcos G3, definidos por la UIT como entornos que promueven inversión, competencia y expansión del acceso digital. Aunque aún no consolidan un enfoque G4, ambos países avanzan en regulación convergente, licitaciones transparentes de espectro y neutralidad de red.
Uruguay tiene más accesos móviles que habitantes: 4,6 millones de líneas en un país de 3,4 millones de personas. Chile también muestra indicadores sólidos, con más de 30 millones de líneas móviles activas y una tasa de adopción de banda ancha móvil superior al 85?%.
Argentina y Colombia
Argentina (85) y Colombia (83) han iniciado procesos de modernización, pero aún enfrentan limitaciones en independencia institucional, reglas para nuevos actores digitales y aplicación de políticas de competencia. Sus modelos se ubican en transición entre G2 y G3.
Colombia registra más de 70 millones de líneas móviles, con 57 millones de accesos a banda ancha móvil. Argentina cuenta con alrededor de 65 millones de líneas, con más de 50 millones conectadas a servicios móviles de internet.
México
México obtuvo 79 puntos y mantiene un modelo G3. Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuenta con independencia técnica y ha desarrollado políticas de portabilidad, interconexión y compartición de infraestructura, el país enfrenta desafíos relacionados con coordinación institucional tras su desaparición así como en cobertura en zonas marginadas y actualización legal en temas emergentes como inteligencia artificial o ciberseguridad.
Actualmente, hay más de 105 millones de líneas móviles activas, con aproximadamente 90 millones de usuarios de banda ancha móvil. El despliegue de 5G se concentra aún en grandes ciudades, mientras que persisten brechas de acceso en zonas rurales e indígenas.
Centroamérica
Honduras (60 puntos), Bolivia (58) y Nicaragua (54) operan bajo modelos G1 o G2, donde la regulación es todavía vertical, con limitada autonomía, ausencia de políticas de neutralidad tecnológica y escasa regulación de calidad de servicio o espectro eficiente.
La penetración de banda ancha móvil oscila entre el 45% y el 60%, de acuerdo con la UIT. Esto refleja una dependencia casi exclusiva del acceso móvil como medio de conexión a internet, pero con carencias en infraestructura, asequibilidad y alfabetización digital.
El análisis se basa en cuatro dimensiones clave: la estructura de la autoridad reguladora, su ámbito de competencias, el marco normativo aplicable y las condiciones de competencia en el mercado. En particular, se examina si el regulador cuenta con autonomía para tomar decisiones, realiza procesos de consulta pública, posee facultades de vigilancia y sanción, y tiene a su cargo funciones como el licenciamiento, la gestión del espectro, la fijación de tarifas y la regulación del servicio universal.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con IA.
