La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podría generar un impacto económico negativo de más de 76.000 millones de pesos mexicanos anuales, equivalentes al 12,6% de los ingresos totales del sector, de acuerdo con un análisis The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
La entidad advierte que los cambios afectarían directamente la estructura institucional del sector, encarecerían los servicios, desincentivarían inversiones y pondrían en riesgo el desarrollo de la conectividad digital en el país.
Uno de los puntos más críticos del dictamen es la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo creado para tomar decisiones con base en criterios técnicos. Su sustitución por una agencia bajo control del Poder Ejecutivo implica, según el análisis, la pérdida de eficiencia, neutralidad y certidumbre en la regulación. Esto podría traducirse en una caída del 0,5% anual en la productividad sectorial y pérdidas de al menos 2,8 mil millones de pesos cada año.
También preocupa el posible relajamiento del régimen de preponderancia impuesto a América Móvil desde 2014. Las medidas de regulación asimétrica facilitaron la entrada de nuevos operadores y contribuyeron a reducir los precios de servicios móviles en casi 50% en la última década. Sin embargo, su desmantelamiento podría revertir ese avance y generar una pérdida de inversión cercana a los 9,7 mil millones de pesos anuales, afectando la competencia y la asequibilidad de los servicios.
Costo del Espectro y uso de plataformas digitales
El costo del espectro radioeléctrico es otro tema central, México tiene uno de los precios más altos a nivel mundial —hasta 85% por encima del promedio de la OCDE—, lo que ya representa un freno estructural al despliegue de redes móviles. Aunque el nuevo marco plantea descuentos condicionados a cobertura, se estima que la carga seguiría siendo de al menos 23,1 mil millones de pesos por año, con efectos directos en las tarifas al usuario final y en la expansión a zonas rurales.
Por otro lado, las facultades que permitirían al Estado bloquear contenidos o publicidad digital podrían frenar el crecimiento del ecosistema en línea. Solo el mercado de publicidad digital representa más de 45.000 millones de pesos anuales, y se calcula que una regulación ambigua podría provocar una contracción del 10%, con pérdidas por 4,5 mil millones de pesos para sectores como el comercio electrónico y el streaming.
Además, la obligación de soterrar infraestructura en zonas urbanas tendría un costo estimado de hasta 198.000 millones de pesos si se implementa de forma inmediata. Aun en su versión gradual, en un horizonte de 10 años, implicaría una carga anual de 13,5 mil millones de pesos, inviable para operadores medianos y pequeños.
En conjunto, el análisis de The CIU concluye que la reforma, en su redacción actual, socavaría la competencia, elevaría los costos para los usuarios y restaría dinamismo al sector telecom en México. Para una economía que necesita cerrar la brecha digital y fortalecer su infraestructura de conectividad, los cambios podrían traducirse en oportunidades perdidas justo en un momento clave para acelerar la digitalización.
La imagen principal fue creada por Mobile Time con con inteligencia artificial.
