El debate alrededor de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en México, continúa. Se esperaba que la ley fuera aprobada este lunes 28 de abril por el pleno del Senado; sin embargo, ante las críticas y el poco tiempo para analizar las 311 páginas del documento, el debate se pospuso para sesiones extraordinarias en mayo o junio.
Mientras tanto, la presidente propuso un proceso de diálogo abierto, plural y constructivo con todos los actores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados e interesados, después de que la ley abriera un debate en temas como el fin del IFT y la censura a las plataformas digitales.
Ante este panorama y la consecuencias que tiene esta ley para el sector de telecomunicaciones en México, Mobile Time Latinoamérica habló con José Felipe Otero, especialista en telecomunicaciones y Executive Director ICT Development Consulting, sobre los cambios que traerá para el sector, las nuevas facultades de la Agencia de Transformación Digital y los ajustes en el precio del espectro radioeléctrico para el despliegue de 5G.
Mobile Time Latinoamérica: ¿Cómo evalúa la desaparición del IFT y la transferencia de sus facultades a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones?
José Felipe Otero: La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) representa un retroceso importante en términos de autonomía regulatoria. México había logrado crear uno de los pocos organismos reguladores de cuarta generación en América Latina, con reconocimiento internacional por su independencia y capacidad técnica.
Al eliminar al IFT, y transferir sus facultades a una agencia dependiente directamente del Poder Ejecutivo, se pierde la separación de poderes que garantiza que las decisiones técnicas no estén sujetas a presiones políticas o intereses gubernamentales inmediatos. Esta concentración de poder en la Presidencia pone en riesgo la transparencia y la objetividad en la regulación del sector de telecomunicaciones, que es clave para la competitividad y el desarrollo tecnológico de México. Aunque la nueva agencia tendrá atribuciones similares, su subordinación política puede mermar la confianza de la industria y de los inversionistas.
La iniciativa menciona la homologación y digitalización de trámites de infraestructura. ¿Qué impacto podría tener esta medida en el despliegue de redes 5G?
La propuesta de homologar y digitalizar los trámites necesarios para desplegar infraestructura de telecomunicaciones podría tener un impacto positivo si se implementa correctamente. Actualmente, cada municipio y estado en México impone sus propios requisitos para la instalación de antenas y redes, lo que genera duplicidad de procesos, costos elevados y largos tiempos de espera para obtener permisos.
Si los trámites se unifican y se simplifican a nivel nacional, como pretende la nueva ley, se eliminarían muchos de estos obstáculos, facilitando un despliegue más rápido y menos costoso de redes móviles, incluyendo las de 5G. Sin embargo, la verdadera dificultad estará en la ejecución local. Si los municipios no cooperan o no adoptan la homologación de manera efectiva, los beneficios de esta medida podrían verse muy limitados en la práctica. La intención es buena, pero su éxito dependerá de la coordinación real entre los tres niveles de gobierno.
En cuanto al espectro radioeléctrico, ¿el nuevo plan de licitación planteado realmente solucionará los problemas que frenaron la expansión de 5G en los últimos años?
La intención de la nueva agencia de diseñar un plan de licitación de espectro más adecuado es un paso necesario, pero no garantiza por sí solo que se resuelvan los problemas que han frenado el desarrollo de 5G en México. Durante los últimos años, el principal obstáculo para las licitaciones de espectro no fue la falta de planificación técnica, sino factores económicos como el alto costo del espectro y las onerosas obligaciones fiscales impuestas por la Secretaría de Hacienda.
Aunque la nueva ley establece que los criterios para asignar espectro no serán únicamente económicos, todavía no queda claro si se corregirá el problema estructural de los altos precios. Sin una reducción significativa de las cargas fiscales y un esquema de costos más competitivo, es probable que los operadores sigan mostrando poco interés en adquirir nuevas frecuencias, limitando así la expansión de 5G en el país.
¿Considera que los tiempos establecidos en la iniciativa son realistas para cumplir con la reorganización y los nuevos planes de espectro?
En teoría, México tiene las condiciones técnicas para cumplir con los plazos establecidos en la iniciativa. Las bandas de espectro están disponibles y existe experiencia acumulada en procesos anteriores de licitación. No obstante, los tiempos son sumamente ambiciosos. La nueva agencia tendrá que estructurarse, contratar personal, definir procedimientos internos y al mismo tiempo lanzar un plan de licitación que no solo sea técnicamente sólido, sino también financieramente atractivo para la industria.
Esta reorganización institucional y la elaboración de un nuevo esquema de asignación de espectro en tan poco tiempo representan un enorme desafío. Hay riesgos considerables de que, en la prisa por cumplir los plazos políticos, se cometan errores técnicos o se generen procesos de baja calidad que, en lugar de acelerar el desarrollo de 5G, terminen retrasándolo aún más.
¿Existe el riesgo de que la nueva Ley de Telecomunicaciones facilite mecanismos de censura o control de contenidos en plataformas digitales y redes sociales?
Existe un riesgo real de que la nueva legislación pueda ser utilizada como herramienta de censura. El proyecto otorga amplias facultades al Ejecutivo para supervisar y regular contenidos digitales bajo el pretexto de controlar la «propaganda extranjera» y otros conceptos poco definidos. Esta ambigüedad abre la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían limitar la libertad de expresión en plataformas digitales y redes sociales.
Además, la eliminación del IFT como entidad autónoma significa que no habría un contrapeso técnico que pudiera garantizar el respeto a los derechos fundamentales en materia de telecomunicaciones y medios digitales. Sin órganos independientes que velen por la neutralidad y la transparencia, cualquier intento de regular contenidos en internet podría derivar fácilmente en actos de censura o restricciones arbitrarias, afectando el ecosistema democrático en México.
La imagen de arriba fue creada por Mobile Time con ayuda de inteligencia artificial.
