[Actualización 25 de abril] La iniciativa de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum este miércoles, avanza rápidamente en el Senado, pese a las advertencias de la oposición y diversos sectores sociales.
La ley que fue debatida este jueves 24 de abril en la comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado, encabezadas por el partido del gobierno Morena y sus aliados, obtuvo 29 votos a favor versus los 9 en contra de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.
La ley que consta de 311 cuartillas se aprobó en menos de dos horas y media, lo que ha causado controversia entre expertos y críticos. Se prevé que sea llevado al pleno del Senado la próxima semana y, de ser aprobado, será enviado a la Cámara de Diputados para su revisión final.
Críticas a la nueva ley: control autoritario, falta de transparencia y censura a redes sociales
Pese al mensaje de urgencia, la nueva Ley de Telecomunicaciones podría redefinir el ecosistema digital, mediático y económico de México. Mientras el gobierno asegura que se trata de una regulación moderna, necesaria para cerrar la brecha digital y ordenar el uso del espectro, la oposición y diversos sectores alertan sobre los riesgos de censura, opacidad y concentración excesiva de poder.
Uno de los aspectos que más preocupan a los legisladores de oposición es el artículo 109, el cual contempla la posibilidad de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) pueda bloquear redes sociales y plataformas digitales conforme a sus propios lineamientos. La razón es que esta disposición abre la puerta a una censura institucionalizada, disfrazada de regulación del espacio digital.
Los legisladores también cuestionaron el uso de la reciente transmisión de propaganda antimigrante del gobierno de Estados Unidos como justificación para una reforma de fondo que, aseguran, busca centralizar el control del espectro radioeléctrico y limitar la libertad de expresión. Afirmaron que el artículo cuya eliminación se argumenta como motivo de urgencia para la reforma en realidad nunca existió, y que los anuncios que provocaron la controversia ya no están al aire.
Por otro lado, también se advirtió que esta ley permite a la Agencia emitir sus propios criterios para determinar qué contenidos deben ser bloqueados, sin necesidad de una orden judicial. Para algunos, esto representa un riesgo grave de abuso de poder, ya que una sola entidad del Ejecutivo tendría la capacidad de limitar el acceso a contenidos digitales en todo el país.
En ese sentido, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, fue particularmente enfático al señalar que la nueva ley es en realidad una herramienta de control político con fachada digital. La justificación que dio es que no se trata de una nueva ley de telecomunicaciones en México, sino de una norma que busca silenciar voces críticas bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional.
En la misma línea, el panista Ricardo Anaya acusó que se trata de una “ley censura” que busca controlar la narrativa pública desde el gobierno, mientras que el senador Alejandro Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió que muchos de los legisladores que aprobaron el dictamen ni siquiera lo habían leído en su totalidad.
A pesar de las críticas, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima, presidente de la comisión dictaminadora, defendió el proyecto argumentando que es necesario para garantizar el acceso equitativo a las comunicaciones en todo el territorio nacional, especialmente en zonas marginadas.
Reorganización del sector, otra de las preocupaciones
Una de las transformaciones centrales de la reforma es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano constitucional autónomo, cuyas funciones pasarían a ser absorbidas por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta concentración de funciones en una dependencia del Ejecutivo ha generado inquietud entre analistas y organismos internacionales, al considerar que vulnera la autonomía regulatoria establecida por la Constitución y el T-MEC.
Además, se incluyen sanciones más severas para concesionarios, nuevas causales para revocación de permisos y la posibilidad de asignar concesiones comerciales directamente al Ejecutivo federal para brindar servicios públicos de conectividad.
De hecho, según expertos esta legislación nace con un vicio de origen, pues el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional indica que la ley secundaria no debe entrar en vigor antes que la propia reforma. Sin embargo, la iniciativa está siendo procesada con carácter de urgencia, en una dinámica que, según la oposición, responde más a intereses políticos que a necesidades técnicas del sector.
A esto se suma la preocupación de organismos como la Cámara de Comercio Internacional México, que han pedido una evaluación técnica rigurosa y un Parlamento Abierto para discutir una ley que transformará de fondo la forma en que operan las telecomunicaciones y los servicios digitales en el país.
Sheinbaum responde a las críticas
Tras las críticas y preocupaciones con respecto a la nueva ley, la presidenta explicó que una gran parte de las atribuciones del IFT y la Cofece se centrarán en un solo organismo que es la Agencia Digital, y solo algunas se mantienen en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Asimismo, enfatizó que en ningún momento estaban planteando la censura, ya que su gobierno está en contra de ella, por lo que aclaró que en vista de las recientes críticas será necesario corregir la redacción de la ley.
Este viernes 25, la presidenta pidió al Senado eliminar o modificar el artículo 109 de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, el cual, según se interpreta la agencia podría bloquear temporalmente alguna plataforma digital. El artículo señala que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia (ATDT) para bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.
El debate no solo gira en torno a aspectos técnicos, sino que se ha convertido en un símbolo de la lucha entre modelos opuestos de gobernanza digital: uno basado en la regulación estatal centralizada y otro que prioriza la autonomía, la competencia y la libertad de expresión.
La imagen de arriba fue creada por Mobile Time con inteligencia artificial.
