El reciente Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Comunicaciones expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú ha generado polémica y opiniones encontradas en el país.
Mientras el gobierno lo promueve como un avance hacia la sostenibilidad ambiental, sectores de la industria y gremios empresariales alertan sobre los riesgos que esta normativa podría implicar para el despliegue de tecnologías como el 5G y la expansión de servicios móviles.
El nuevo reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 023-2024-MTC, tiene como objetivo regular los aspectos ambientales de los proyectos de telecomunicaciones con el fin de prevenir y minimizar los impactos negativos. Además, establece principios como el uso de tecnologías sostenibles, la economía circular, la gestión del cambio climático y un enfoque inclusivo que abarca derechos humanos, género e interculturalidad.
La normativa es de alcance nacional y aplica a todos los proyectos de telecomunicaciones durante su ciclo de vida. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), su implementación garantizará el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección ambiental.
Críticas desde la industria
Sin embargo, gremios como la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la Camara de Comercio Americana (AMCHAM) y la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (COMEX) han cuestionado la medida. Según estas organizaciones, el reglamento introduce procesos burocráticos excesivos, como la exigencia de evaluaciones ambientales previas con silencio administrativo negativo, que podrían retrasar proyectos clave, aumentar costos y obstaculizar la conectividad.
«El marco normativo vigente, establecido por la Ley 29022, ha sido clave para impulsar la conectividad en el país. Este nuevo reglamento nos hace retroceder más de una década, comprometiendo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones», señalaron los gremios en un comunicado conjunto.
Al reclamo también se unió la GSMA, en su cuenta de X, expresó su preocupación,»Sin antenas no hay conectividad, y sin conectividad se inhibe el desarrollo económico del país y el bienestar de los peruanos».
Impacto en la conectividad
Los gremios advierten que el reglamento podría agravar la brecha digital en el país. Según cifras, actualmente el 54.2% de los hogares no tienen acceso a internet fijo, cifra que se eleva al 86.5% en zonas rurales.
Además, advierten que se requieren al menos 33.535 antenas adicionales para cerrar la brecha de infraestructura hacia 2025, sin contar la implementación de redes 5G.
Denuncian que la normativa obliga a proyectos ya implementados a cumplir con nuevos requisitos ambientales, generando un cuello de botella en la administración pública.
Retroceso en el sector
A pesar de los avances del sector en los últimos años, como el crecimiento de la red de fibra óptica de 13.400 km en 2013 a 81.000 km en 2022, y el aumento del 145% en antenas 4G desde 2017, el futuro de la conectividad en Perú parece incierto.
“Nuestros gremios y sus empresas asociadas reiteran su compromiso con el cumplimiento de los estándares ambientales, acordes a la dinámica del sector, pero antes de crear este tipo de cargas innecesarias, debió considerarse que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones no ha demostrado causar impactos ambientales negativos significativos, como tampoco lo ha podido acreditar el informe que sustenta la creación de este reglamento”, afirma el comunicado.
El llamado de los gremios al Poder Ejecutivo es derogar esta normativa y priorizar políticas que equilibren el cuidado del medio ambiente con el desarrollo tecnológico. Además, instan a implementar una ventanilla única digital, como lo dispone la Ley 31809, para acelerar la expansión de infraestructura.