La Superintendencia de Telecomunicacione de Costa Rica ha insistido en que la neutralidad tecnológica debe prevalecer en el proceso de licitación pública para el despliegue de redes 5G. El reglamento emitido por el Micitt para este fin contiene, según la Sutel, «elementos contrarios al ordenamiento jurídico nacional», y por ello ha solicitado su suspensión.
La Sutel presentó este pronunciamiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que dictó una medida cautelar a favor de la empresa Huawei, la cual fue excluida del concurso público. La exclusión se basó en la no firma del Convenio de Budapest por parte de China, lo que, según el gobierno, podría limitar la capacidad de respuesta ante un ciberataque. Desde el año pasado tanto el gobierno chino como Huawei han manifestado su desacuerdo con el gobierno costarricense. Huawei interpuso acciones ante la Sala Constitucional y medidas ante los tribunales de justicia por no poder participar en la licitación.
Los legisladores han criticado la decisión del gobierno, señalando que está basada en intereses geopolíticos más que en consideraciones técnicas. A pesar de la medida cautelar que frenó el proceso licitatorio a inicios de febrero, el presidente Chaves ha reiterado su intención de avanzar en este tema.
El debate sobre la regulación del espectro radioeléctrico y la implementación de tecnología 5G continúa siendo un tema crucial en la agenda nacional, con implicaciones significativas para el futuro de las telecomunicaciones en Costa Rica. En entrevista con Mobile Time Latinoamérica, Edwin Estrada, Of Counsel en Écija Legal y ex viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, explicó el proceso jurídico y político que enfrenta el país centroamericano para lograr abrir una licitación pública para la entrada de 5G.
Evaluación de la frecuencias
Mientras tanto el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ha respondido a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que el Gobierno de Costa Rica esperará a tener los estudios técnicos «completos» antes de decidir si llevará a cabo un concurso para la asignación de frecuencias del Estado. Estos estudios son cruciales para garantizar una decisión informada y respaldada por análisis detallados.
Desde enero de 2023, el Micitt ha estado recibiendo de manera individualizada los dictámenes técnicos solicitados. Este proceso ha tomado aproximadamente 16 meses y responde a las solicitudes de prórroga de concesión de frecuencias para radio y televisión, que vencen el próximo 28 de junio de 2024. Sutel ha aprobado ya 98 informes técnicos relacionados con estas solicitudes, incluyendo 24 concesiones de televisión y 74 de radio (25 AM y 49 FM), y ha remitido estos informes al Poder Ejecutivo.
El Micitt está a la espera de contar con todos los dictámenes técnicos necesarios para el proceso de prórroga, así como con las aclaraciones pertinentes para completar los estudios de necesidad y factibilidad desde las perspectivas técnica, jurídica, económica y de mercado para un eventual concurso público de radiodifusión.
El espectro radioeléctrico en Costa Rica está regulado por la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones (2008), y es esta última la que determina el canon de reserva que los concesionarios deben pagar anualmente para mantener sus frecuencias. Este canon asciende a 120.000 Colón costarricense por frecuencia al año, además de un impuesto de radiodifusión anual que no supera los 3.000. La Contraloría General de la República ha insistido desde 2012 en la necesidad de reformar estos montos.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que las televisoras y radiodifusoras deberían pagar más por la explotación del espectro radioeléctrico, al considerarlo un bien público valioso.
